El presidente de Iberdrola dice que la luz "debe y puede bajar"
24/01/2014
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado este viernes que el precio de la luz "debe y puede bajar" porque la factura actual es un "cajón de sastre", en la que se han ido metiendo "cosas variopintas" que deberían financiarse desde los Presupuestos Generales del Estado.
Sánchez Galán, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha subrayado que el 60% de lo que pagan los ciudadanos en su factura de la luz "no tiene nada que ver con la energía ni con los cables que le llevan esa energía a sus casas", sino con subvenciones, tasas e impuestos que no deberían realmente figurar en el recibo.
"La factura de la luz desde tiempos remotísimos ha sido un cajón de sastre, donde se han ido metiendo cosas variopintas. Hay algunos impuestos y partidas que vienen de la época de Franco y que ahora son impuestos de electricidad que van para financiar las comunidades autónomas", ha explicado.
Además, ha argumentado que al recibo de la luz también se cargan políticas sociales, territoriales, medioambientales, tecnológicas y industriales, políticas con las que el presidente de Iberdrola se ha mostrado "absolutamente de acuerdo", pero que deben financiarse desde los Presupuestos Generales del Estado, que para eso los ciudadanos "pagan sus impuestos".
"La factura de la luz no es su sitio. Creo que para esas políticas, igual que se hace en otros países, como Estados Unidos, deben utilizarse los Presupuestos del Estado, y si no son suficientes pues tendrán que ajustar sus impuestos para que todas esas políticas se hagan desde los Presupuestos", ha indicado.
"En España y en otros países europeos estamos en un camino que nos está llevando a una falta de competitividad terrorífica. Están encareciendo sobremanera, y eso hace que el tejido productivo pierda competitividad", ha advertido.
Sánchez Galán, que asiste al Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, ha insistido en que esta situación debe cambiar y ha saludado que Europa se lo esté empezando a replantear. "La factura de la luz no puede seguir siendo un cajón de sastre donde quepa todo", ha concluido.
Condena a España por la ley de mejora de eficiencia energética de edificios
16/01/2014
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este jueves a España por no aplicar a tiempo la directiva comunitaria para mejorar la eficiencia energética de los edificios, que tenía que haber sido incorporada a la legislación nacional a más tardar en enero de 2006.
El fallo da la razón a la Comisión, que denunció a España ante el TJUE en febrero de 2012 al considerar que no había cumplido con su obligación de transponer la directiva, en particular en lo que se refiere a las disposiciones sobre la adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, al certificado de eficiencia energética y la inspección de las calderas.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que "al no adoptar en el plazo prescrito todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para trasponer la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión".
A título preliminar, los jueces recuerdan que la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro al final del plazo fijado por el dictamen motivado de la Comisión (en este caso, el 25 de enero de 2011) y que los cambios ocurridos con posterioridad no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia.
Hasta dicha fecha, España había adoptado el Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Este Real Decreto establece en su preámbulo que sólo transpone parcialmente la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Así, por una parte, en lo que respecta a las disposiciones sobre la adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y al certificado de eficiencia energética, el Real Decreto sólo se aplica a los nuevos edificios y no abarca los edificios ya existentes.
Por otra parte, en lo que respecta a la inspección de las calderas, el Real Decreto sólo supone una transposición parcial de la directiva, ya que establece la periodicidad de las inspecciones de calderas únicamente para las calderas instaladas tras la entrada en vigor del Real Decreto, y deja a las comunidades autónomas la decisión sobre el calendario de inspecciones de las calderas ya existentes.
A este respecto, en el procedimiento España admitió la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta la fecha relevante y se limitó a hacer valer que estaba en curso de adopción una nueva norma que fijaría directamente para el conjunto del territorio nacional la periodicidad de las inspecciones de las instalaciones existentes.
Ocho mitos sobre el certificado energético a desmontar en 2014
¿Es una tasa o impuesto?, ¿sirve para ahorrar energía?, ¿sube el valor del inmueble?, ¿su resultado implica mejorar la casa?, etc.
03/01/2014
Obligatorio desde el pasado 1 de junio, el certificado energético, documento informativo necesario para alquiler o vender un inmueble, ha despertado no pocas dudas entre los propietarios afectados por esta nueva exigencia. Fruto de la desinformación, son varios los mitos que rodean al certificado energético.
1º Es una tasa o impuesto.
En realidad este documento nace de la exigencia de una directiva europea y, por tanto, su transposición era obligada en España y en el resto de Estados miembros. "Eso sí, ha llegado tarde y bajo una coyuntura socioeconómica compleja", dice José Luis López, coordinador de Proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Para José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), "la información que sobre el certificado energético se tiene es prácticamente nula, y lo único que percibe el ciudadano es que es una obligación o un impuesto más, pero en ningún caso es consciente de las ventajas que le aporta y los fines que persigue, y en este caso son las comunidades autónomas y los profesionales del sector los que debemos asumir esa responsabilidad".
2º Significa empezar a ahorrar energía.
Esta afirmación se debe matizar, pues, según López, "sólo implementando medidas de mejora como las que pueda incluir el certificado de eficiencia energética o cambiando hábitos de consumo es posible lograr ahorros energéticos". Tener el certificado de eficiencia energética permite cumplir con la obligación derivada del RD 235/2013 y aporta una información muy valiosa, pero el mero hecho de tenerlo no implica ser más eficiente o ahorrar energía (y dinero).
3º Permite revalorizar el inmueble.
"Disponer del certificado no supone revalorización alguna, sino que se trata de algo obligatorio en los casos previstos", considera Galdón. "Otra cuestión bien diferente", subraya, "es que en función del nivel de eficiencia energética que se obtenga a través del certificado, es decir, entre el A (más eficiente) y el G (menos eficiente), debería haber una diferencia importante de precio, y ello depende de la correcta información que reciba el ciudadano". Pese a que todavía no existe una cuantificación real sobre esta revalorización, Xavier Villar, técnico fundador de Certer, confía que "sí se dará una vez que el consumidor comprenda el contenido del certificado y cómo este puede influir en un consumo mayor o menor". No obstante, en junio de 2013 Reino Unido publicó un estudio realizado sobre más de 300.000 viviendas sometidas a compraventa entre los años 1995 y 2011, que demuestra que existen diferencias de valor superiores al 14% entre las casas con calificación energética G y aquellas que merecen una A o B.
4º Su resultado implica mejorar el edificio o vivienda.
Facilita información que permite al inquilino o propietario del inmueble conocer el estado energético de su inmueble, pero no existe la obligación de llevar a cabo las medidas de mejora propuestas.
5º El responsable del contenido del certificado de eficiencia energética es el propietario.
Si bien es cierto que el propietario es el encargado de tener este documento, el único responsable de su veracidad es el técnico competente que acredita su calificación. Con carácter general, la titulación habilitante es la de ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto y arquitecto técnico. "En esta normativa no hay más exigencias para los profesionales que la propia titulación académica, y esto hace que se genere una competencia desleal por parte de muchos profesionales que sin cumplir las obligaciones fiscales ni laborales, y sin tan siquiera tener un seguro de responsabilidad civil, están ofreciendo estos certificados a precios irrisorios", se queja el presidente del COGITI
6º Las viviendas con una superficie inferior a 50 metros cuadrados no lo necesitan.
Uno de los mitos más extendidos es creer que las viviendas con superficie útil total inferior a 50 m² no precisan certificado, pero el IDAE aclara que solamente quedan excluidos de la obligación aquellos edificios aislados físicamente. En consecuencia, "las viviendas, apartamentos y locales de menos de 50 m² que formen parte de un edificio sí tienen la obligación de obtener el certificado de eficiencia energética", explica Juan Ramos, de Certifacil.
7º Sólo es necesario para formalizar la compraventa o alquiler del inmueble.
"Hay propietarios que piensan que sólo necesitan su etiqueta una vez vayan a firmar el contrato", afirma Inés García, de la empresa Certicalia. Sin embargo, es imprescindible mostrar este distintivo al potencial comprador o inquilino antes de la formalización del contrato, "para que tenga en cuenta la calificación de la vivienda en su decisión".
8º Un certificado único para todo el edificio no es válido para todas las viviendas y/o locales que lo integran.
La nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas establece que, a partir de 2019, los edificios de viviendas deberán, en función de su antigüedad, contar con un Informe de Evaluación del Edificio, un documento que incluye, entre otros criterios, el certificado de eficiencia energética del edificio. Éste es válido para todas las viviendas y locales que integran el inmueble. "Por tanto, todos los edificios plurifamiliares se enfrentarán a este nuevo diagnóstico del edificio de forma obligatoria, por lo que se deberá contar con el certificado colectivo", aclara José Luis López, de la ACA. Y concreta aún más: "También deberá disponer de este documento cualquier edificio que pretenda solicitar ayudas del nuevo Plan Estatal de Alquiler y Rehabilitación 2013-2016, por lo que éste es otro motivo a favor del certificado colectivo, que se suma al mejor precio por copropietario". "Por todo ello", concluye, "parecería más razonable apostar por certificados únicos para todo el edificio en lugar de hacerlo por certificados individuales". Ahora bien, optar por el certificado colectivo requiere el acuerdo de la junta de propietarios, "que no siempre se logrará, ya que quizás muchos vecinos no quieran asumir un gasto que ahora no consideran necesario o que carece de utilidad para ellos", cree López. También puede ocurrir que aquellos propietarios que hubieran realizado obras de mejora de la eficiencia energética en sus viviendas particulares se nieguen a la opción colectiva al considerar que obtendrán una calificación menos ventajosa que haciéndolo de forma individual.
Rehabilitación energética y certificado blanco
02/01/2014
Francisco Javier Sigüenza - Secretario General de AMI (Asociación de Empresas de Mantenimiento y Servicios Energéticos).
A finales del 2012, fue adoptada por el Consejo de la Unión Europea la nueva directiva de Eficiencia Energética. La adopción contó con el voto en contra de dos países: España y Portugal. Dicho voto negativo generó en el sector una preocupación acerca de la trasposición de la misma por el Gobierno, pero afortunadamente los hechos están demostrando un firme compromiso por parte del Gobierno en trasponer la misma. Recordemos que el objetivo principal de la directiva es establecer un conjunto de medidas encaminadas a la consecución del objetivo de ahorro energético del 20% en el año 2020, lo que será clave en el desarrollo de la rehabilitación energética de edificios.
Las acciones del Gobierno de cara a la trasposición se están llevando a cabo con la participación de los distintos sectores afectados, y así tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) como el Ministerio de Fomento han creado distintos grupos de trabajo encaminados a la trasposición de la directiva, además Hacienda y Economía intervienen en otros apartados.
De entre los grupos, destacar los liderados por el MINETUR y el IDAE sobre acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditorías energéticas, y sobre el potencial de sistemas urbanos de climatización, o el liderado por Fomento acerca del plan estratégico de rehabilitación energética de edificios existentes (plan R3E), éste último contempla como objetivo último impulsar el mercado de la rehabilitación en España, apostando por nuevos modelos de desarrollo.
Uno de los apartados más interesantes de la directiva es la obligación que se impone a todos los Estados Miembros de reducir en el periodo 2014-2020 un 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales. En dicha obligación, la directiva otorga a cada Estado Miembro libertad, dentro de las contempladas en la directiva, para fijar las medidas más adecuadas para obtenerlos, ya que no consideró oportuno imponer los denominados "certificados blancos". Dichos certificados blancos son certificados de ahorro energético basados en actuaciones y/o medidas encaminadas a obtener dichos ahorros que ya vienen funcionando en varios países de la Unión Europea, como son Italia, Francia, Reino Unido o Bélgica. En cumplimiento de dicha obligación, España ha presentado recientemente su informe de medidas para conseguir dichos ahorros, (que ascienden a 15.979 ktep) y en primer lugar destaca que las partes obligadas para obtener dichos ahorros son los comercializadores de electricidad, gas y productos petrolíferos, incluido el transporte, pero España hará uso de la facultad otorgada de no imponer dicha obligación a pequeños distribuidores o pequeñas empresas minoristas. Un aspecto novedoso dimana de contemplarse en el informe la posibilidad de poner en marcha un sistema de certificados blancos, pero con la alternativa de la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que se verá dotado por las contribuciones de las partes obligadas que no cubran sus obligaciones con los certificados blancos, y estableciendo también una serie de medidas alternativas de carácter financiero, fiscal (ya se han incorporado algunas en las recientes modificaciones fiscales medioambientales), educativas y formativas.
La regulación de los certificados blancos en España supondría una importante novedad para el sector de la eficiencia energética y aunque el sistema será "flexible y sencillo" (como se denomina en el informe), habrá que esperar al desarrollo reglamentario para ver su operatividad, ya que las experiencias en otros países europeos han sido de lo más diversas y su complejidad ha conllevado a que, en muchas ocasiones, su efecto haya sido caso testimonial. La idea de su funcionamiento es que las partes obligadas deben entregar al "organismo gestor" los certificados blancos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones de ahorros, es decir, certificados de que determinadas actuaciones de eficiencia consiguen ahorros. Dichos certificados se emiten por el propio organismo gestor en base a una actuación conducente a obtener ahorro de energía en el consumidor final realizada normalmente por una empresa de servicios energéticos; siendo dichas actuaciones de entre las que se contemplen en las tablas de actuaciones que publique el MINETUR. En una primera valoración, el hecho de que se otorgue al IDAE la condición de "organismo gestor" supone que un hecho positivo pues la emisión, supervisión y registro de los certificados requieren de una experiencia y conocimiento que el IDAE tiene, asimismo el hecho de contemplar una tabla preliminar de posibles actuaciones nos muestra por donde vendrá la futura normativa. Pero habrá que esperar a analizar cómo se detalla el funcionamiento concreto del sistema máxime cuando se prevé en el informe que los certificados "serán negociables" y sobre todo cuando también se prevé que la emisión de los certificados lo será a petición de las partes obligadas y/o de las empresas de servicios energéticos, lo que necesariamente conlleva su regulación.
Más de cuatro millones de personas sufren pobreza energética en España
Muchas personas se ven incapaces de pagar la factura energética para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o están obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos -una cifra superior al 10%- para poder hacerlo.
21/12/2013
Con la mayor subida de la luz desde que comenzó el sistema de subastas, empezará un nuevo año en que los efectos de la pobreza energética alcanzan a más de un 10% de la población española, un 13% en el caso de Catalunya, un aumento de cinco puntos respecto al invierno anterior, cuando se situaba en torno al 8%. La llegada del frío marca el punto álgido de las consecuencias ocasionadas por este fenómeno sin un diagnóstico claro ni una metodología específica de medidas en el país. Un problema que se ha acentuado durante estos últimos años y que afecta a un buen número de personas, que se ven incapaces de pagar la factura energética para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o están obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos -una cifra superior al 10%- para poder hacerlo, según explica Marta García, coordinadora de proyectos de Ecoserveis, una entidad pionera en el estudio de la pobreza energética en España.
"La pobreza energética es un problema oculto, más que nada porque se da a niveles domésticos. Es un fenómeno difuso y disperso y cuesta que las familias lo reconozcan", asegura García, que considera que se ha agravado de forma especial en los últimos años. "La pobreza energética tiene tres causas principales. La primera es un bajo nivel de ingresos. Ahora mismo, muchas familias han visto perder buena parte de su poder adquisitivo, y, de forma paralela, la pobreza energética aumenta. La segunda causa es el envejecimiento del parque de viviendas. Más del 50% de las viviendas de España están construidas sin ningún criterio de eficiencia energética, y al menos un 16% presentan humedades, goteras o problemas derivados de un mal aislamiento. Y el tercer factor es el precio de la energía. En los últimos cinco años se ha incrementado un 50% el precio de la energía. Cada vez hay más gente que no puede pagar las facturas. Antes era un problema escondido, que se trampeaba como se podía, y ahora afecta a un número mucho más grande de personas". Un porcentaje que podría ascender al 15%, según las previsiones de la Asociación de Ciencias Ambientales, que presentará un nuevo informe actualizado sobre la cuestión en el primer trimestre del 2014.
Pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno por la ausencia de estadísticas oficiales, diversos estudios evidencian que la pobreza energética se incrementa. El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada, un 16% más que en el 2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas. En 2012 se cortó el suministro a 1.400.000 hogares por no hacer frente a los recibos, un dato que, señala Marta García, viene de una investigación periodística ante "la dejadez enorme que hay en este ámbito por parte del Gobierno, en general, de las administraciones, a los que no interesa estudiar el impacto en la población, la incidencia en la sociedad. No ha interesado nunca hacer visible el problema. Ahora, al menos, parece que a nivel social está cambiando la percepción de esto".
En el caso de Catalunya, un 19% de la población ya vivía en 2011 por debajo del límite de pobreza, lo que aumenta su vulnerabilidad en cuestiones energéticas. En los últimos cuatro años ha empeorado la situación, con el aumento del paro, la disminución de los ingresos familiares, el cese de las prestaciones sociales y otros problemas relacionados con la vivienda. Un factor que es "consecuencia del agotamiento del modelo de expansión inmobiliaria de años anteriores y que ha obligado a a muchas personas a renunciar a una vivienda adecuada", señala un informe de Ecoserveis. En este sentido, en el trienio 2007-2010 se duplicó el número de familias a las que Cáritas paga las facturas energéticas. Unas ayudas que en Barcelona se han disparado un 326% en dos años, tras pasar de 26.816 euros en 2011 a 114.343 este año, una cifra que aumentará pues sólo se ha contabilizado hasta octubre. La responsable del programa Sin Hogar y Vivienda de la entidad, Teresa Bermúdez, opina que el aumento se debe a que cada vez hay más familias afectadas por los impagos de los suministros -se calcula que las empresas suministradoras de gas y electricidad tienen alrededor de un 5% de impagados- y a la creación de una línea específica de ayudas este año.
"Somos el hazmerreír del mundo"
Además, se trata de un fenómeno global, que afecta a 1.300 millones de personas en países en vía de desarrollo, y a unos 125 millones de europeos. En España, los instrumentos políticos y legales no garantizan el uso y el acceso a la energía a un precio justo, asegura Marta García. Se aplican medidas correctivas de urgencia, por ejemplo ayudas para pagar las facturas, pero que no resuelven el problema ni prevén situaciones futuras. A esto, se añade la falta de voluntad política -ejemplificada en la última subasta de la luz- y la poca transparencia del sector energético, poco diversificado y controlado en un 95% por cinco empresas. Un escenario que permite la regulación de precios y la cantidad y calidad de la producción, lo que deja a la intemperie al consumidor. Y abre la posibilidad de una crisis energética si la tendencia continua. "Si los precios se fijan como se fijan, se producirá", indica Marta García, que defiende como instrumento de acción contra la pobreza energética el uso de las "energías verdes", la educación energética y la promoción del autoconsumo. "Una instalación solar en un edificio de vecinos o en una casa puede estar amortizada en seis o siete años. El coste de instalación está en unos 1.600 euros por cada Kw. Un mayor uso de estas energías ayudaría más a las personas que ayudarlas a pagar las facturas. Pero esto no les hace gracia a las compañías, por eso mismo nos quieren hacer pagar unos peajes por consumir la energía que nosotros mismos hemos generado. Somos el hazmerreír del mundo por esta nueva regulación. Es un escándalo".
Ante esta situación, instituciones como el Síndic de Greuges de Catalunya han propuesto una "tregua invernal" en el corte de los suministros para las personas en riesgo de exclusión social. Una tregua aprobada por CiU y ERC que servirá para impedir el corte del suministro eléctrico a familias sin recursos económicos. Un acuerdo de mínimos, pero "un paso importante", señala García, pues introduce por primera vez el concepto de "pobreza energética" en un documento oficial, y sólo beneficiará a hogares "con pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad con ingresos no superiores a la pensión mínima" o trabajadores que "estén en el paro y no perciban unos ingresos superiores a la renta mínima de inserción". Mientras, el PP rechazaba la iniciativa presentada en el Congreso por la diputada de Izquierda Plural ( IU-ICV-CHA) Laia Ortiz en defensa de medidas urgentes para hacer frente a la pobreza energética. Toda la oposición se unió para pedir al Grupo conservador que aceptase la proposición de ley de Izquierda Plural y se debatiesen medidas sobre esta cuestión. Los conservadores se negaron a aceptar con el argumento de que el gobierno tiene puestas en marcha varias medidas, entre ellas un plan de inclusión social para el 2013-2016.
"En 2007, unos compañeros de Gran Bretaña nos propusieron trabajar juntos sobre esta temática. Nuestra primera idea fue que la pobreza energética no existía aquí, más que nada por una cuestión climática. Es un problema que asociábamos a los países del norte, no a los mediterráneos. Pero comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que había un problema. De hecho, en 2007 tecleabas en Google "pobreza energética" y apenas daba resultados. Llamamos a muchas puertas, administraciones públicas, entidades del tercer sector y a nadie le interesaba el asunto", resume García sobre un problema que va mucho más allá de lo económico y repercute con fuerza en lo social y sanitario. "La tasa de mortalidad adicional de invierno en España es una de las más elevadas de Europa con más de 20.000 muertes prematuras, de las que entre un 10% y un 40% se debe a la pobreza energética, según una serie de estudios europeos", señala un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales. En este aspecto, el Observatorio de la Sostenibilidad de España estima que este problema puede ser el responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en todo el país, una cifra que, contrapuesta a la de las víctimas de accidentes de tráfico -1.480 en 2012-, da una idea del alcance de los efectos sociales y sanitarios de la pobreza energética.
Las nuevas exigencias referentes a la certificación energética de la vivienda, que entraron en vigor el pasado mes de junio, "tendrán un impacto positivo sobre este problema", comenta la responsable de Ecoserveis, pero matiza que "hasta 1979 no se implantó la primera regulación térmica y hasta el 2006 -en plena burbuja inmobiliaria- no se aplicó el Código Técnico que elevaba el nivel de exigencia. La mitad de los edificios pierden calor". Entre las acciones a desarrollar que destaca García destacan la aplicación de las directivas de mercado interior de la electricidad y del gas que demandan a los estados de la Unión Europea la elaboración de planes de acción para paliar las situaciones de pobreza energética. España no ha aplicado ni estas directivas, lo que dificulta la identificación y prevención de las situaciones, ni tampoco ha definido qué entiende por consumidor vulnerable. "Pero sobre todo reconocer su existencia y aplicar medidas de eficiencia energética a los hogares afectados, con carácter prioritario. Además, estaría bien aplicar una bajada del IVA al gas y a la electricidad a nivel doméstico. Aparte, de otras medidas como podría ser la rehabilitación de viviendas, pero hay tantos problemas, que para el gobierno este deber ser el último".
La certificación energética revela la baja eficiencia del parque de viviendas de Euskadi
Ninguno de los 1.591 pisos usados chequeados a la venta o en alquiler logra calificaciones altas. Una vez certificado, la obtención de la etiqueta energética se demora tres meses, según aseguran los agentes de la propiedad inmobiliaria.
29/12/2013
El parque de vivienda usada de Euskadi es, además de viejo, poco eficiente energéticamente. La certificación a la que en los últimos meses están siendo objeto los pisos existentes a la venta o alquiler así lo revela. De las 1.591 viviendas que han logrado su etiqueta energética desde junio de este año -fecha en la que entró en vigor la obligatoriedad para los pisos ya construidos-, ninguna ha obtenido la calificación A, B o C, es decir, las más eficientes. Además de esas 1.591, otras 5.858 ya han sido certificadas y esperan a formar parte del registro creado al efecto, un trámite que, según los agentes de la propiedad inmobiliaria, se prolonga hasta tres meses.
Para conseguir la etiqueta energética, los propietarios han tenido que contratar previamente a un técnico acreditado que, por alrededor de 200 euros, realiza el chequeo energético de la vivienda. Quienes vendan una vivienda sin la correspondiente etiqueta, se exponen a multas de entre 300 y 6.000 euros. El certificado se renueva cada diez años.
Como ya ocurre desde hace tiempo con las etiquetas energéticas de los electrodomésticos, que guían al comprador hacia el más eficiente, lo mismo sucede en el mercado inmobiliario. Desde el pasado 1 de junio, todas las viviendas que se vendan o alquilen deben disponer de su correspondiente etiqueta energética que informe a los compradores de las características en emisiones y consumo energético.
Hasta este año, la obligatoriedad afectaba solo a los edificios de nueva construcción y a grandes reformas (esa certificación no se incluía en ningún registro). El Real Decreto 235/2013 del pasado mes de abril extendió la obligatoriedad de la certificación energética a todos los edificios existentes o pisos y locales de estos inmuebles que se vendan o alquilen (se excluyen monumentos, lugares de culto y edificios aislados con una superficie total de menos de 50 metros cuadrados).
Para llevar a cabo la certificación, el propietario debe contratar a un técnico autorizado (arquitectos, aparejadores e ingenieros). Estos profesionales podrán realizar certificados de todo el edificio, si es que ponen de acuerdo a la comunidad, o en cada vivienda, de forma individual. Según las fuentes consultadas, la certificación de un piso de unos 80 metros cuadrados ronda los 200 euros, si bien el precio cambia dependiendo del tamaño de la vivienda, entre otros factores.
Al realizar un certificado energético se tienen en cuenta aspectos como la envolvente del edificio, es decir, la fachada, los ventanales, los tejados... No en vano, si la vivienda está bien concebida y aislada, reduce la demanda de energía. Otro factor importante son las instalaciones térmicas y eléctricas.
De la A a la G
Una vez analizados estos y otros aspectos, se realizan certificados con siete niveles, desde la A (ahorro) a la G (de gasto). Para llegar a esta calificación se tiene en cuenta el consumo de energía primaria no renovable (expresado en kW h/m2) y las emisiones de CO2 expresadas en KgCO2/m2. Así, por ejemplo, las viviendas calificadas con la letra A realizarían unas emisiones de hasta 10.1 KgCO2/m2 y un consumo de hasta 44,6 kW h/m2, mientras que las de la letra G superarían unas emisiones de 79,2 KgCO2/m2 y un consumo de 382,6 kW h/m2
Pues bien, hasta la fecha, ninguna de las viviendas usadas certificadas ha obtenido una calificación entre la A, B y C. Según los datos del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, donde se enclava la dirección de Energía del Gobierno Vasco, entre junio y noviembre de este año se han realizado en Euskadi 7.449 certificados en viviendas ya existentes. De ellos, de momento, solo 1.591 han pasado a formar parte del registro creado en Euskadi. Este trámite -que debe hacer el propietario pero que en la práctica recae en el profesional- es necesario para obtener la definitiva etiqueta energética, que el vendedor del piso deberá mostrar a quienes se interesen por su compra.
De esas 1.591, ninguna etiqueta energética es A, B o C. En el caso de Gipuzkoa, por ejemplo, de las 746 etiquetas expedidas, 367 (49%) son de la letra E y 203 de la G(27%), la menos eficiente. Según explica Javier Zarraonaindia, director de Energía y Minas del Gobierno Vasco, «la razón por la que no hay clasificaciones A, B y C es porque en su mayoría se trata de viviendas usadas a la venta», que forman parte de un parque más viejo y con menos eficiencia energética.
Rafael Niño, secretario de la delegación en Gipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, asegura que la ausencia de calificaciones A, B y C se debe «a que son certificaciones de viviendas construidas hace unos años, que tienen problemas y no están bien aisladas porque en muchos casos se construyeron en un período constructivo de desarrollismo».
«Un punto de picaresca»
José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, confirma el hecho de que «tenemos un parque de viviendas muy antiguo y con unas condiciones constructivas en las que no se tenía en cuenta la eficiencia energética. Hay muchas viviendas sin un sistema de calefacción estable o que no han cambiado la carpintería exterior original». No obstante, el agente inmobiliario añade que, en las calificaciones, existe también un «punto de picaresca». Como recuerda, en el caso de que la calificación sea A, B o C, las viviendas deben someterse a un segundo control externo, que también hay que pagar. «Esto hace que mucha gente prefiera estar en la letra D que en la B o C. Dentro de unos años, cuando se valore el consumo energético en su justa medida será diferente», asegura Polo.
El director de Energía recuerda, asimismo, que la vivienda de nueva construcción entregada desde 2007 y 1 de junio de 2013 dispone ya de la certificación energética global del edificio pero no estaba obligada a inscribirse en el registro. «La obligación para inscribir la vivienda nueva en el registro creado es para los certificados emitidos a partir del 1 de junio de 2013», añade. El hecho de que desde junio no hayan entrado en el registro certificaciones de nuevas viviendas se debe a que «prácticamente no hay construcción de pisos nuevos».
De cara al futuro, en la dirección de Energía y Minas tratarán de incluir en el registro creado las certificaciones energéticas de edificios de nueva construcción donde las etiquetas energéticas tienen calificaciones más eficientes (A, B y C).
El registro vasco de certificaciones funciona desde julio, con un mes de retraso desde la entrada en vigor de la obligatoriedad. Este hecho ha provocado que, durante semanas, fuera imposible a los vendedores y arrendadores cumplir con la ley al no poder obtener en la práctica la etiqueta energética. No en vano, el paso por el registro es un requisito indispensable para cumplir la normativa, ya que solo entonces se obtiene la etiqueta energética definitiva. En la actualidad, el registro vasco tiene pendiente de emitir 5.858 etiquetas, después de que los técnicos competentes hayan presentado las certificaciones realizadas.
Según explica José Luis Polo, un arquitecto tarda entre 3 y 4 días en realizar el certificado; lo presenta en el registro en nombre del propietario, pero la inscripción y la tramitación de la etiqueta energética tarda tres meses. «Entiendo que se han volcado de golpe todos los datos de muchos certificados y requiere su tiempo», afirma.
Polo asegura que los agentes inmobiliarios colegiados están cumpliendo con la normativa y «prácticamente todas las viviendas que se captan para la venta o alquiler se publicitan con el certificado de eficiencia energética. Otra cosa es que tenga la etiqueta», por aquello de la demora en el registro.
«Un sacacuartos»
El presidente de los API de Gipuzkoa asegura que «la mayoría de la gente que quiere vender o alquilar un piso ha oído hablar del certificado energético, aunque considera que es un sacacuartos. Nosotros les explicamos lo que es y que es obligatorio. Todo lo que sea transparencia en el mercado bienvenido sea, y la certificación energética es un acto de transparencia».
Polo recuerda que la normativa obliga a tener la certificación cuando se publicita o se vende el piso. En el primero de los casos obliga a tenerla cuando se vende a través de una inmobiliaria pero, cuando la venta se realiza entre particulares, basta con disponer del documento en el momento de acudir a la notaría. «Así se pervierte el sistema porque el que tiene que tener información a la hora de decidir si compra o no es el consumidor. Lo exige el notario pero no es un trámite notarial», añade.
Los mejores 'gadgets' para ahorrar energía
La luz ha subido un 71% en diez años.
20/12/2013
Agárrense que vienen curvas. Vendrán en forma de un nuevo tarifazo de la luz, y ya van tantos que hemos perdido la cuenta. Según datos del Ministerio de Industria, el recibo de la luz ha aumentado un 71% en la última década. Ahora, cada hogar español paga de media 615 euros al año (la cifra asciende a 990 euros anuales según este informe del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía). Y como decimos, ya hay a la vista otro incremento, que se repetirá, según parece, cada mes de enero durante los próximos 15 años.
Ante este panorama, y con una situación económica delicada para muchos (por no decir precaria) el ahorro de energía se ha convertido en una necesidad fundamental. Hay que reducir gastos en todo lo posible. E incluso si somos de los afortunados a los que la crisis no ha golpeado con toda su dureza, la contención en el gasto de energía sigue siendo recomendable. Parafraseando un eslogan muy popular en los 70, tras la crisis del petróleo, “aunque usted pueda pagarlo, España no puede”.
Además de cambiar ligeramente nuestras costumbres, existe todo un universo de gadgets y herramientas creados para reducir nuestro consumo de energía en mayor o menor medida y ayudarnos a ir bajando la fatídica cifra del recibo de la luz. Aparte de los ingenios más básicos y caseros (como esta estufa de los pobres que probamos en Teknautas), existen inventos que combinan la domótica con la electrónica y la conectividad para que pagar los recibos sea, al menos, un poco más fácil.
Conocer al detalle nuestro consumo eléctrico
Empezamos con un dispositivo que no sirve exactamente para ahorrar, sino para conocer en detalle nuestro consumo, lo que supone un primer paso para reducirlo. Los medidores de consumo energético que se pueden encontrar en el mercado van desde los 20 euros hasta los casi 100, según sus características.
Los medidores de consumo individual, como el Socket de Efergy, son los más sencillos y baratos (este cuesta 24,90 euros). Cuentan con un sensor que se aplica a un solo enchufe y un dispositivo con una pantalla (según el modelo, la pantalla va insertada en el propio sensor), similar a un reloj de mesa. Miden el consumo del dispositivo (o dispositivos, si utilizamos un ladrón múltiple) que tengamos conectado en esa toma, por lo que son muy útiles si queremos saber cuánto consume uno de nuestros aparatos en concreto.
Por otra parte, podemos utilizar un medidor de consumo total, como el Engage Hub kit, también de Efergy, para saber cuánta energía estamos utilizando en toda la casa en un momento concreto, e incluso mantener un seguimiento en el tiempo. Este kit cuenta con un sensor en forma de pinza que se conecta al cable de entrada de corriente en el cuadro eléctrico, un emisor situado fuera del cuadro y una centralita conectada al router.
La información se descarga en el ordenador y se puede seguir la evolución del consumo por meses, semanas, días, medias diarias… en forma de tablas de datos y en gráficos. Con la idea de motivar el ahorro, se pueden comparar nuestros registros con los de otros usuarios así como compartir consejos para seguir mejorando
¿Me meto en reformas?
Ya sabemos cuánto gastamos, ¿cómo podríamos reducirlo? En algunos hogares basta con cambiar algunos pequeños comportamientos, pero en otros es necesario llevar a cabo una reforma más profunda. Como eso ya es meterse en palabras mayores, conviene tener claro qué es lo que queremos hacer y cuál será su impacto en nuestro consumo. La Fundación Laboral de la Construcción incluye en su web un simulador que permite seleccionar una serie de mejoras para nuestra casa o edificio y comprobar cómo nos beneficiarían en cuanto a consumo energético, gasto económico e incluso emisiones de CO2.
Para utilizarlo, basta con escribir "invitado" tanto en el campo del usuario como en el de la contraseña. A partir de ahí, hay que seleccionar las características generales de nuestra casa, como la provincia en la que se encuentra, su temperatura interior media en verano y en invierno, el tipo de edificio y el sistema de calefacción.
Con esos datos, calcula la calificación energética de la vivienda y el consumo y coste que conlleva, y solo queda ir probando: cambiar la carpintería y los cristales de las ventanas, la cubierta del tejado o el suelo son algunas de las reformas que hacen descender el gasto estimado en energía, pero dependiendo de los materiales ese descenso será más o menos pronunciado.
Domótica en casa controlada desde el móvil
La automatización de muchos de los principales sistemas de consumo eléctrico, como la iluminación o la calefacción, unida a la posibilidad de controlarlos desde el ordenador o directamente desde el móvil son una de las tendencias en lo que a favorecer el ahorro se refiere.
En este sentido, existen varias opciones que apuestan por esta nueva domótica. Una de ellas es Wattio, un producto creado por una empresa de San Sebastián y formado por cuatro componentes: Bat, un monitor que se coloca en el cuadro eléctrico; Gate, el panel de control táctil desde el que manejar todo el sistema; Pod, un adaptador para los enchufes y Thermic, un termostato.
Utilizando esos cuatro elementos se puede automatizar el encendido y apagado de los electrodomésticos y dispositivos, así como programar la calefacción, desde el ordenador o desde el móvil. Esto permite, por ejemplo, encender la calefacción un rato antes de llegar a casa y apagarla por las noches cuando haya llegado a una temperatura determinada, o asegurarnos de que la televisión no ha quedado en modo standby, consumiendo energía. El pack básico cuesta 199 euros y ya se puede reservar a través de su página web.
Pensado más allá de la electricidad, para controlar también otros gastos, está el sistema C3M Energy Manager, de nuevo de factura española. Lo que hace este servicio es monitorizar el consumo, utilizando analizadores que instalan en los principales cuadros de consumo de una casa (o una oficina) y conectándolos a una red wifi.
“A partir de ese punto, iniciamos un control y avisamos si hay un uso indebido de la energía”, explicaba el CEO de C3M, Juan Alonso Bermúdez de Castro a Teknautas. “Podemos medir cualquier tipo de consumo que funcione por pulsos, tanto electricidad, como agua y gas. Tenemos los topes de esos consumos, observamos las horas, cruzamos los datos y enviamos alarmas al usuario por email, SMS e incluso WhatsApp”. La compañía promete un ahorro de hasta el 60% en las facturas.
Para no dejarte la televisión encendida
Para no dejarte la televisión encendida
Estás en el salón viendo la tele, te vas a la cocina a hacer la cena y la tele se queda encendida, hablándole a las paredes y consumiendo electricidad. Y quien dice la tele dice una lámpara, la cadena de música o cualquier otro dispositivo. Nos ha pasado a todos, por mucho que intentemos evitarlo.
Para ayudarnos está EnergyEgg, un dispositivo que sabe cuándo has salido de la habitación y apaga la tele (y lo que haga falta) por ti. Cuesta 40 libras (unos 48 euros al cambio) y se puede adquirir en varios colores a través de la web.
El gadget está compuesto de dos partes, un sensor de movimiento y un adaptador para los enchufes. Cuando el huevo no detecta ningún movimiento durante un periodo de tiempo predeterminado por el usuario, envía la señal al adaptador del enchufe para que corte la corriente, apagando los dispositivos conectados a él. Por suerte, avisa con un pitido un minuto antes de apagarse, lo que te da tiempo a agitar los brazos para indicar tu presencia si es que estabas en la habitación completamente quieto.
También tiene un botón en la parte superior con la que apagar en un solo movimiento, todo aquello a lo que esté conectado. Funciona con varios adaptadores al mismo tiempo en un radio de 20 metros, y puedes conectar un ladrón múltiple a los adaptadores, así que prácticamente todos tus dispositivos pueden quedar dentro de su radio de acción.
Pon a descansar tu ordenador con un 'clic'
Te levantas para ir al baño, para comer o para lo que sea y tu ordenador se queda encendido. “Con lo que tarda en arrancar…” es el motivo más habitual. Pero ya no es cosa de apagarlo, es que tampoco hacemos un buen uso de la configuración de energía para reducir su consumo en los ratos que no estamos sentados delante.
Ecobutton pretende acabar con eso gracias a su facilidad de uso y a que sirve como un recordatorio constante de que podemos ahorrar energía con un solo clic. Se trata de un botón físico conectado vía USB al ordenador que activa la opción de ahorro de energía al pulsarlo.
Cuesta unas 13 libras (15,5 euros) y se puede adquirir por internet. Para utilizarlo, hay que instalar el software gratuito que hará que el ordenador reconozca el botón. Una vez hecho esto, solo hay que pulsar el botón cuando vayamos a dejar de utilizar el equipo y éste entrará en el modo de menor consumo que hayamos prefijado. Para volver a despertarle, solo hay que pulsar de nuevo el botón.
Para motivar a su uso, Ecobutton no solo se ilumina en distintos colores según lo que estemos consumiendo, sino que mantiene las cuentas de cuánta energía hemos conseguido ahorrar gracias a él.
Una compañía eléctrica virtual
Del mismo modo que las operadoras de telefonía virtuales están conquistando su cuota de mercado a base de precios más bajos que las tradicionales, Holaluz es una compañía eléctrica virtual que quiere atraer clientes gracias a su oferta. De hecho, funcionan de forma similar: compran la energía en el mercado mayorista (aseguran que toda proviene de fuentes renovables) y alquilan la red eléctrica para llevarla a casa de sus clientes.
Funcionan exclusivamente a través de internet, y prometen un ahorro de hasta el 30% en la factura eléctrica para negocios. No dan cifras concretas en cuanto al ahorro de particulares, pero sus precios están publicados en su página web y ofrecen un servicio de comparativa que permite averiguarlo en cuestión de segundos. Además, no obligan a firmar ninguna permanencia y aseguran una atención al cliente personalizada.
Métodos alternativos para cargar tu móvil
Desenchufar los cargadores una vez que la batería de nuestros dispositivos móviles está completamente cargada es otro de esos consejos habituales que no todos seguimos. Es conveniente acordarse de hacerlo, pero si lo que quieres es ahorrar de verdad en este aspecto, aquí van a modo de ejemplos anecdóticos dos gadgets para que cargues el móvil de formas alternativas.
Solepower es una plantilla para los zapatos que acumula la energía de los pasos en una pequeña batería que podemos colocar alrededor de nuestro tobillo o engancharla en el propio zapato. Una vez nos hemos dado un buen paseo, la batería estará llena, así que la podemos enchufar al teléfono y recargarlo. Según sus desarrolladores, se puede cargar completamente un iPhone con un paseo de entre 4 y 8 kilómetros, según el ritmo que llevemos.
Sin embargo, estamos en época de frío y lluvia, y quizá no te apetezca nada salir a pasear. Si eres de los que prefiere quedarse en casa tranquilamente disfrutando de la tranquilidad y el calor del hogar, iRock es tu silla. O tu mecedora, mejor dicho, ya que es el balanceo lo que produce la energía para cargar tu dispositivo (un iPad en este caso).
Claro que, en el caso de este peculiar gadget, lo que ahorremos en electricidad difícilmente compense el precio, que era de unos 1.300 dólares en su primera versión. Eso, sumado a que una hora de balanceo supone una carga del 35%, lo convierte en una opción cara y más bien poco eficiente. Sale bastante más a cuenta acostumbrarse de una vez a desenchufar el cargador...
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